Hasta el 2018, año en que entró en vigor la llamada Ley Fintech (la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera), las empresas Fintech que operaban en México lo hacían sin contar con un marco legal del todo claro, actuando en un área regulatoria “gris” e, inclusive, en algunos casos, operando en incumplimiento con la normatividad existente en ese momento.
Desde una perspectiva legal, antes de la Ley Fintech, las Fintech que operaban en México debían “vivir” con los riesgos de que algunas de sus operaciones pudieran ser consideradas como captación irregular de dinero (actividad reservada a los bancos y sociedades financieras populares) y/o como una oferta masiva de valores (en contravención con la Ley del Mercado de Valores, por no contar con la autorización de la CNBV). Buscando disminuir esos riesgos, algunas Fintech utilizaron esquemas legales complejos a través de fideicomisos y mandatos que, desgraciadamente, también afectaban la transparencia de sus operaciones en perjuicio de los usuarios finales y, en general, del sistema financiero.
El crecimiento de la industria Fintech en México, por un lado, responde a la necesidad de los mexicanos de contar con servicios financieros sencillos de operar y, por otro, a la necesidad del Gobierno de promover la inclusión financiera en el país. La Ley Fintech reconoció esas necesidades buscando eliminar las áreas regulatorias “grises” donde operaban las Fintech, así como los riesgos jurídico-estructurales asociados a esa operación.
En otras palabras, la Ley Fintech llega a reconocer, ordenar y regular un mercado que ya existía y operaba en México, eliminando esos riesgos para las Fintech autorizadas por el Gobierno, y al mismo tiempo, a establecer un marco legal para proteger a los consumidores y al sistema financiero.
La Ley Fintech es el resultado de un trabajo en conjunto entre el Gobierno y el sector privado (evidentemente abarcando a las empresas Fintech, pero también a los “jugadores” tradicionales, como los bancos). En ese sentido, aborda (en mayor o menor medida) las principales preocupaciones relacionadas con la operación en el mercado financiero; particularmente, en la transparencia en beneficio de los usuarios, protección al sistema en general (prevención de afectaciones sistémicas), y disminución en el riesgo de lavado de dinero. Además, ayuda a evitar un arbitraje regulatorio entre entidades que, aunque operen bajo figuras legales distintas, compiten en el mismo mercado.
La regulación Fintech, no se limita a la Ley Fintech, sino que abarca una serie de normas secundarias expedidas por las autoridades financieras, particularmente, por la CNBV, BANXICO y CONDUSEF que, con fundamento en esa ley, complementan sustancialmente la normatividad en la materia. La Ley Fintech establece principios y reglas generales, habilitando expresamente a las autoridades para regular la operación diaria de las Fintech a través de disposiciones secundarias. Esa habilitación dota al marco normativo Fintech de flexibilidad para adecuarse a las necesidades del mercado y a los avances tecnológicos sin necesidad de tener que acudir al Congreso de la Unión para modificar la ley.
En mi opinión, el hecho de que en México exista un marco legal específico para la industria Fintech, implica tener al mejor aliado para el crecimiento de ese sector, porque no dificulta la entrada de nuevos actores al mercado, de hecho, ayuda a promover esa inclusión bajo reglas claras que antes no existían. Ese marco normativo no debe entenderse como una barrera de entrada indebida, sino como la expresión más reciente de la necesidad histórica por regular al sector financiero.
Como todo marco jurídico, el marco legal de las Fintech evolucionará con el tiempo, “aprendiendo” de la experiencia y ajustándose a las nuevas realidades. Esa evolución estará enfocada en fortalecer la integración de servicios financieros entre los distintos actores en el mercado, y facilitará la asociación entre las Fintech y las entidades “tradicionales” para combinar lo mejor de ambos mundos en beneficio de los usuarios y el país.
Antes de concluir, es importante mencionar que la Ley Fintech no solo regula a las empresas Fintech, sino que también incluye un marco legal para fomentar de forma continua la innovación legal, a través de las figuras de “Modelos Novedosos” (los llamados “sandboxes” que permiten probar productos disruptivos en ambientes controlados) y “open banking” (que facilita el intercambio de información entre todos los actores financieros, con el objetivo de generar nuevos y mejores productos para los consumidores).
Nota por: Luis Cárdenas, Director Ejecutivo de Asesoría Jurídica y Gobierno Corporativo en Banco Sabadell, publicada por Forbes México.
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